La prohibición de ventas a pérdidas: ¿cómo de efectiva puede ser una ley para controlar este tema?

La prohibicion de ventas a perdidas como de efectiva puede ser una ley para controlar este tema

La prohibición de ventas a pérdidas: ¿cómo de efectiva puede ser una ley para controlar este tema?

La prohibición de ventas a pérdidas: ¿cómo de efectiva puede ser una ley para controlar este tema? 1500 295 Pescafácil

Me llama mucho la atención la intervención del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, a finales de noviembre de este año pasado, quien reunido con las principales asociaciones, federaciones y cooperativas españolas de productores, distribuidores, cadenas alimenticias y supermercados, busca crear un esquema de competitividad sano que prohíba las ventas a pérdidas.

Esto, en un escenario donde se ve un incremento en los costos, muchos basados en el incremento de los precios del combustible (petróleo y gas) y el transporte (fletes y demoras) que, sin duda, pondrá en aprietos la garantía de suministro de alimentos y los resultados en las cuentas de operadores.

Ahora bien, intervenir para regular los precios es un tema muy complicado. Sabemos que no todos los actores tienen una estructura de costes similar u homogénea. Los productores o distribuidores más grandes son más competitivos al aprovechar los beneficios de la economía de escala. Aquellos que tienen altos volúmenes de producción son capaces de diluir sus costos generales entre un número mayor de unidades, por lo que los aumentos de costes generalmente hacen menos competitivos a los más pequeños.

Es curioso que los más grandes son generalmente los representados en estas asociaciones o federaciones. Otro factor que afecta de manera distinta los costos es la tecnología, es decir, aquellos operadores que han logrado adecuar sus sistemas productivos a las nuevas tecnologías pueden bajar significativamente sus costos de producción.

¿Qué puede hacer un gobierno ante un actor que decida bajar o mantener sus precios para ganar mercado? No me queda muy claro que las autoridades deban intervenir, especialmente cuando esas medidas favorecen a los consumidores.

Las autoridades deben intervenir en las guerras de precio cuando la competencia es desleal (alguna ventaja oculta que altera ilícitamente el funcionamiento del mercado), o en casos de dumping (un actor que vende por debajo de su precio de producción con el único objetivo de eliminar su competencia).

La realidad es que muchos actores, incluso federaciones y asociaciones, buscan estas coyunturas en las variaciones de costos para conseguir beneficios fiscales especiales (reducción de impuestos), subvenciones (por ejemplo, bajada en primas de seguros) o subsidios directos a grupos de influencia que realmente no son competitivos, y con la excusa de “poner en peligro el abastecimiento de alimentos al consumidor”.

En lo personal me parece justificada una Ley de la Cadena “con el objetivo de lograr unos precios más justos para todos los operadores y, en particular para los más débiles: los productores.

La norma prohíbe la destrucción de valor. De esta forma, cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido” (Página Web del Gobierno de España – Presidencia del Gobierno).

Se ha comprobado a lo largo de la historia que estas políticas intervencionistas se convierten en focos de corrupción, manipulados por grandes intereses, incrementando o protegiendo sus ingresos con el “noble propósito” de lograr unas “relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes”.

El Gobierno de España faculta como instrumento de control a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), autoridad de ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Así mismo, las Comunidades Autónomas, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios.

Veamos ahora un ejemplo que en el sector de la comercialización de pescados y mariscos es muy habitual. Supongamos que un actor decide salir de una referencia o especie porque no se adecúa a su estrategia comercial, que además es un producto perecedero.
Este se vería obligado a solicitar entonces un permiso para liquidar esta mercancía por debajo de su costo porque de lo contrario se podría considerar una práctica ilegal.

Desde mi punto de vista esta práctica o conducta sería ilegal si es repetitiva y se comprueba entonces la intención (dolo) de causar un daño al mercado, a un actor en particular o a un grupo de actores.

Sin duda, es un tema complejo que si no se maneja con cuidado puede atentar contra la creatividad y el espíritu competitivo empresarial, indispensable en una sociedad de emprendedores, motor sine qua non para el desarrollo de un país.